Tierra, desempleo y droga: una realidad en la costa atlántica de Nicaragua
Por: Arlen Cerda
tomado de La Prensa. com.ni
La campaña electoral en Nicaragua se distinguió por la falta de recursos de los partidos, pero sobre todo por la falta de discusión sobre los problemas específicos de la ciudadanía costeña.
En enero del 2003 los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua celebraron la exigida aprobación de la ley que finalmente reconoció en detalle sus derechos históricos sobre sus tierras ancestrales. Para la Asamblea Nacional esta fue la Ley 445, bautizada como Ley de Régimen de la Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
Los gobiernos comunales de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua recibieron la responsabilidad de velar por el proceso de demarcación y ordenamiento territorial.En esa labor, de parte del Gobierno Comunal Creole de Bluefields, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), están Nora Newball y Dolene Miller, secretaria y asesora de esa autoridad respectivamente.
Las demandas de la comunidad creole de Bluefields con New ball y Miller,expresan ampliamente sobre el tema, en el que el respeto entre todas las etnias y la continuación de la demarcación y ordenamiento territorial son la prioridad.
Newball confiesa que ella está agradecida con la Ley de Demarcación, porque “reivindica el derecho sobre las tierras ancestrales” de las comunidades de la Costa Caribe y asegura que el Gobierno Comunal Creole está comprometido con el reconocimiento, titulación y respeto de las tierras reconocidas a las comunidades afrodescendientes, que se han definido a través del trabajo coordinado con los gobiernos de las otras comunidades o etnias.
En la Costa Caribe no existen las tierras nacionales, sino los territorios de comunidades ancestrales que son reclamadas según los derechos históricos de éstas.
“Hay muchos a quienes no les interesa la ley y le temen porque poseen grandes extensiones de tierra que no se sabe cómo la consiguieron y carecen de título. Pero todos debemos entender el respeto a la tierra de las comunidades, esos que reconoce la ley”, dice Newball.
Miller también comparte que la ley refuerza la protección de los territorios ancestrales y estima que sobre esos derechos el avance de la frontera agrícola es un problema al que desafortunadamente no se le da prioridad, a pesar de la amenaza sobre los bosques y otros recursos.
Otro punto es que la participación de los ciudadanos costeños es restringida en los procesos electorales regulados por la Ley Electoral reformada en el 2000 y esas restricciones atentan contra los derechos de las poblaciones multiétnicas de la Costa Caribe reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
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